¿Memoria, Verdad y Justicia?

La política de “derechos humanos” de la familia Kirchner se ha caracterizado por un doble discurso permanente. Los Derechos Humanos han sido abordados solo a través de una memoria recortada. Por ejemplo, en el caso de la policía de la provincia de Buenos Aires, esta institución represiva del Estado está integrada actualmente por 9.026 miembros que estaban en funciones con anterioridad a 1983, es decir, que fueron formados bajo la conducción de los genocidas Ramón Camps, Pablo Ricchieri y Miguel Osvaldo Etchecolatz. ¿Puede haber una renovación real en Argentina si se mantiene intacto el viejo aparato represivo? Este anàlisis de coyuntura sobre DDHH intenta responder esa inquietante pregunta.



El juez Rozanski elaboró una propuesta para agrupar racionalmente los juicios y reducir los tiempos procesales. De otro modo, según calculó, se demoraría cien años “sólo para tramitar los expedientes de La Plata”.
La necesidad de agilizar los juicios por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la dictadura, reconocida como prioridad oficial por el gobierno de los Kirchner, autodenominado “El gobierno de los Derechos Humanos”, encontró una primera propuesta de solución.
El juez federal de La Plata Carlos Rozanski elaboró un proyecto de ley que plantea un “agrupamiento racional” de las causas por centro clandestino o por circuito represivo. Esa reorganización permitiría reducir en forma considerable los tiempos de los procesos.
La iniciativa propone una modificación del Código Procesal con medidas para evitar la “victimización secundaria” de los testigos más vulnerables.
“En la ciudad de La Plata, no hay posibilidad legal ni material de que un tribunal inicie un juicio antes del fin del anterior”.
En los fundamentos de su proyecto, este planteo tiene como objetivo “incorporar normas de procedimiento que permitan afrontar con éxito y en un plazo razonable las causas por violaciones masivas a los derechos humanos que tuvieron lugar entre 1976 y 1983”.
Desde 2003, cuando comenzaron a reactivarse las causas y nacieron nuevos procesos, hubo sólo tres juicios, con un solo imputado cada uno y un número limitado de víctimas, a razón de uno por año. Y destáquese, además, que de tres condenados, (el siniestro Miguel Echecolatz, el Turco Julián, y el cura fascista Christian Von Wernich), hay un secuestrado y desaparecido, el compañero Julio López.
“En el país hay alrededor de 900 imputados en cerca de 200 causas y, aproximadamente, la mitad de ellas están radicadas en la Justicia Federal de La Plata, donde se tramitan los delitos cometidos en el denominado «Circuito Camps»”.
El criterio para agrupar los juicios que propone el camarista platense es el de circuitos de centros clandestinos. Su proyecto de reforma del Código Procesal Penal dice que los jueces que lleven este tipo de causas deberán acumularlas “teniendo en cuenta los hechos de un mismo centro clandestino de detención, y en caso de integrar dichos centros un circuito represivo específico, las causas se agruparán por dicho criterio, debiendo procurar los magistrados el mayor grado posible de concentración de las mismas”, bajo el principio de “conexidad”.
Las víctimas sobrevivientes del terrorismo de Estado han sido brutalmente torturadas de diversas formas y han pasado por situaciones vejatorias, cuya magnitud traumática es difícil volcar en palabras. Para evitar que sean citados “una y otra vez a cada juicio para revivir los tormentos sufridos”, Rozanski propuso que los tribunales puedan “incorporar por lectura” los testimonios efectuados con anterioridad. Y destacó que las audiencias de los juicios son de tal relevancia para la memoria colectiva que deben ser además televisadas.
En el Gobierno conocen el contenido de este proyecto.
¿De qué depende, entonces que pueda concretarse este plan?
Principalmente de una decisión política, y de que si se va a utilizar el proyecto tiene que haber recursos para llevarlo adelante, lo que significa gente trabajando, lugares de trabajo, computadoras, todo lo necesario para que se haga medianamente bien. Si están los recursos –aventuró Rozanski–, en cuatro años tienen que estar terminados todos los juicios.
Sin embargo analizando las actitudes que este gobierno mantiene constantemente con un doble discurso acerca de los Derechos Humanos, los cuales son todo el tiempo tomados en cuenta solo a través de una memoria recortada, olvidándose (y no inocentemente), de que los Derechos Humanos implican mucho más que los que fueron violados durante el terrorismo de Estado, que se produjo a partir de 1976, es muy difícil pensar que este nuevo emprendimiento pueda llevarse a cabo.
Por otra parte desde su asunción los Kirchner no hacen más que aplicar la “mano dura”, impuesta por aquel espantoso personaje de los años ’90 Carlos Ruckauf.
De modo que se ha convertido en el gobierno con el índice de asesinados por gatillo fácil más alto desde 1983, además de que se ha especializado en perseguir y encancelar a los luchadores populares, que no claudican pese a los gases y los palos, y se resisten a aceptar que se continúe imponiendo este modelo neoliberal que se sigue aplicando actualmente, y que fue impuesto a sangre y fuego por la última dictadura militar; valiéndose para esto de herramientas impulsadas por el imperialismo de Estados Unidos, como es la ley (¿anti?)terrorista.
Tampoco se puede obviar que Karina Germano, hija de desaparecidos y fundadora de Hijos Zona Norte, está prisionera en Ezeiza por una causa iniciada en Brasil, mientras que miles de genocidas de la dictadura siguen libres, a ella le niegan las salidas transitorias que le corresponden por Ley. Como si fuera poco, el fiscal de la causa, Oscar Hermelo, fue integrante del “grupo de tareas” que secuestró a su padre. Un caso que es fiel reflejo de la perpetuación de la impunidad.
Siguiendo por este camino, a más de 18 meses del secuestro y desaparición de Jorge Julio López, continúa el encubrimiento y complicidad por parte de los gobiernos nacional y provincial y del poder judicial.
Más de 18 meses sin respuesta, con rastrillajes inconducentes, seguimiento de pistas absurdas, de allanamientos no sólo tardíos sino cantados. Implicando esto que no existe el más mínimo interés en desmantelar el aparato represivo que aún sigue intacto.
Además de esto, los “investigadores” de esta causa fueron partícipes de la dictadura como el Superintendente Roberto Silva, ingresado en la policía bonaerense en marzo del 77, Alberto Farinelli integrante de la Dirección de Inteligencia de la Bonaerense en plena dictadura, y el capitán Zaffino titular de la Comisaría de Los Hornos cuando fusilaron a Darián Barzabal, de 17 años, dentro de un patrullero de la repartición.
¿A quién en su sano juicio se le puede ocurrir que represores de ayer y de hoy puedan investigar y esclarecer el caso López?
A todos estos hechos de impunidad se le suma lo sucedido con el genocida Febres. Ante la posibilidad de que este genocida rompiera el pacto de silencio, fue asesinado tres días de la lectura de su sentencia. Esto confirma las denuncias que se vienen haciendo por parte de los Organismos de DDHH, de que este hecho fue posible, en principio, por las condiciones de privilegio que tienen los represores “instalados” en departamentos con vista al río, de donde entran y salen cuando quieren, organizando fastuosas fiestas, contando con teléfonos no registrados que les sirven para seguir confabulando y dirigiendo operaciones como la desaparición de López, el secuestro de Gerez y las innumerables amenazas a organizaciones populares.
El nuevo-viejo gobierno de los K, Solá y Scioli, en esta etapa, pretende un pacto social para acallar los legítimos reclamos de mejores salarios y condiciones laborales. Quieren llevar este pacto también al campo de los Derechos Humanos, pretendiendo que nos reconciliemos:
¿Qué pretenden?
¿Que nos olvidemos de López?
¿Que nos olvidemos de los 30.000 detenidos-desaparecidos?
¿Que la memoria quede en los museos?
En los últimos años se han multiplicado las luchas obreras, estudiantiles, populares, ambientalistas, por justicia y contra la impunidad, que han recorrido nuestro país a lo largo y a lo ancho, porque estos nuevos-viejos gobernantes no han venido a resolver las necesidades básicas del pueblo, sino que golpean fuerte con el hambre, la inflación y la falta de trabajo.
Además se sientan a hacer acuerdos con el empresariado y las multinacionales para viabilizar el ajuste económico, con aumento de tarifas, más inflación y topes salariales, todo esto avalado por las conducciones sindicales burocráticas y traidoras. De esta manera siguen engrosando los bolsillos de los de siempre y pagando puntualmente la deuda externa, demostrando la verdadera cara de su doble discurso.
Las distintas investigaciones por parte de los organismos de DDHH han permitido demostrar lo que hace más de veinte años se viene sosteniendo: que en las estructuras y mecanismos de funcionamiento de los organismos de seguridad prevalecen comportamientos heredados de la dictadura militar y consecuentemente se premia con la impunidad a los actos represivos y delictivos.
De acuerdo a las declaraciones públicas del nuevo Ministro de Seguridad —que pretende darle “mayor poder de fuego” a la policía— esta institución represiva del Estado está integrada por:
- 9.026 miembros que estaban en funciones con anterioridad a 1983, es decir, que fueron formados bajo la conducción de Ramón Camps, Pablo Ricchieri y Miguel Osvaldo Etchecolatz
- 3102 miembros que estaban en funciones con anterioridad a 1979, es decir, el período donde la Policía tuvo en funcionamiento casi 30 centros clandestinos de detención en la provincia de Buenos Aires, y participó del secuestro, tortura, asesinato, apropiación de niños y desaparición de más de cinco mil personas
- Casi un centenar de miembros cuyo legajo acredita en forma fehaciente que revistaron en centros clandestinos de detención. De ellos, fueron pasados a retiro solo treinta y seis. El Ministerio de Seguridad informó esto, pero se negó a dar los nombres, porque “estaba en juego la gobernabilidad de la fuerza”
- De los veinticuatro jefes departamentales que esta gestión designó, doce están incluidos en el referido listado de 9.026 efectivos ingresados a la fuerza con anterioridad a 1983.-

Por otra parte, recientemente se ha informado que el Ministerio de Seguridad estudia un plan que incluye la coordinación de esfuerzos, capacidades y medios de las agencias de seguridad privadas con la Policía.
Durante estos años, las agencias de seguridad privadas han sido en muchos casos el reducto de represores, miembros exonerados de la fuerza e incluso miembros en actividad, en abierta violación a la ley que reglamenta su funcionamiento.
No se puede soslayar la gravedad de conformar un ejército de más de 120.000 miembros, con capacidad operativa y poder de fuego, so pretexto de la “inseguridad” que asola a la Provincia de Buenos Aires.
Por todo esto cabe preguntarse ¿cómo podríamos aportar desde las diferentes organizaciones que durante más de 25 años venimos luchando porque todo esto se revierta?
Tal vez la mejor respuesta sea continuar, como siempre, en la calle reclamando y exigiendo al gobierno:

- la Aparición con Vida de Jorge Julio López
- el Juicio y Castigo a todos genocidas por todos los compañeros
- el Juicio por centro clandestino
- Que se termine de reprimir al movimiento obrero,
- La libertad a todos los luchadores populares y la anulación de la Ley Anti-terrorista.