Cátedra Che Guevara - Colectivo AMAUTA

Presentamos a continuación un informe sobre los procesos contra los genocidas de la última dictadura llevados adelante desde el año 2003 a marzo de 2011, que destaca sólo los procesos que han pasado por la etapa de juicio oral y tienen condena de un tribunal federal del país.
Los datos son de elaboración propia de HIJOS La Plata en base a información pública tanto de las investigaciones de los organismos de DDHH, como del Ministerio Público Fiscal (www.mpf.gov.ar) y del Poder Judicial (www.cij.gov.ar). Cabe destacar que si bien los organismos del Estado realizan seguimientos o informes coyunturales sobre los juicios, su ponderación de las cuantificaciones siempre están marcadas por la media de su respuesta como órgano público ante demandas populares, es decir, se muestra sólo lo que conviene a la rendición de cuentas de una actividad pública, relegando los problemas estructurales (políticos y operativos) que atraviesan al tema.
Intentamos con estas líneas sumar a la discusión sobre el estado real del proceso de juzgamiento iniciado hace 8 años, sus contradicciones y avances, la profundidad de su razón de ser y la necesidad completarlo cuanto antes.
A 35 años del Golpe Genocida la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy continúa. Porque también continúan las desapariciones forzadas, el hambre y la represión. La realidad confirma que en la Argentina “democrática”, una vez finalizado el genocidio aplicado por la última dictadura, la represión cambió de forma para adaptarse a las necesidades del modelo. Se ha reformulado el concepto de la doctrina de la “seguridad nacional” por el de políticas de “control social”. Pero estos conceptos son sólo dos caras de la misma moneda, y tienen como fin amedrentar y disciplinar a la clase de cuyo seno nace la resistencia a las políticas de desigualdad y exclusión social. Así como en los ´70 se secuestró y desapareció a 30.000 compañeros, hoy se perpetúa esa impunidad con políticas de autocracia y corrupción policial, gatillo fácil en aplicación permanente como amedrentamiento social a los desposeídos y judicialización de los que no son útiles a los fines de este modelo de “crecimiento con base en la exclusión”. Esta es la verdadera doble política de Derechos Humanos que el kirchnerismo ha utilizado para darse aires progresistas en su gestión y lograr una aprobación popular semi-duradera en un país que continúa presentando las tensiones propias de un esquema social de desigualdad, pero donde se ha consolidado un sector oficial acrítico en el movimiento de Derechos Humanos, que cumple el rol de convalidar lo poco que se hace en detrimento de lo mucho que queda por exigir en la materia. Muestra de eso es el contradictorio avance que se representan los juicios contra los genocidas, tanto en La Plata , como en el resto del país.
“NÚMEROS QUE ENTRISTECEN”
Con asombro escuchamos la falta de precisión y el excesivo optimismo en el discurso de la Presidenta Cristina Fernández en la apertura de sesiones 2011 del Congreso al comentar los números del “avance” del proceso de reapertura de los juicios contra los genocidas. Textualmente dijo: “Me acuerdo que yo quería que cuando terminara mi mandato hubieran terminado ya las causas porque estaban muy retrasadas, había muy pocas causas iniciadas y parecía que nunca iba a empezarse, y que estuvieran terminadas para que, finalmente, se diera una vuelta de página a la historia, no para renunciar a la memoria, simplemente para seguir adelante. Yo cuando las escucho a Madres decir que hoy les importa más la felicidad de un chico que otras cosas, realmente me llena de mucho orgullo. Pero debemos decir que hemos logrado en estos años un importante avance en las causas judiciales: de las 81 causas elevadas a juicio oral y público que teníamos en el 2007, hoy hay 746 causas elevadas a juicio oral y público; de 41 condenados, hoy hay 203 condenados; de procesados hay de 358 a 820. (…) Si ustedes me preguntan si estos números nos llenan de satisfacción, me hubiera gustado que fueran números que no hubieran tenido lugar en la República Argentina , lo mejor hubiera sido que no hubieran tenido lugar las terribles violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar. No son números que alegren, son números que entristecen, pero son también números que hablan de la necesidad de terminar con un proceso histórico y de hacerlo con la Ley , la Constitución y la Justicia en la mano, sin ningún tipo de rencor, para finalmente clausurar esa etapa histórica”.
La verdadera tristeza de los números, más allá de que las cifras que presentó la presidenta no fueron atribuidas a fuente alguna, y de que ni siquiera se corresponden con los presentados por el Ministerio Público en diciembre de 2010, siendo este el organismo que más detalle y mejor seguimiento desarrolla en sus informes, nos hace pensar que es necesario aclarar la verdadera significancia de la cuantificación.
En términos generales podemos decir que, por sí solos, los números no explican todo. Son una herramienta para elaborar una mirada sobre una problemática determinada. Pero los discursos grandilocuentes sobre “avances” en Derechos Humanos o los juicios como “política de Estado” deben ser subsidiarios de la realidad de los hechos y en todo caso, si se manejan datos errados, los discursos explican menos de lo que esconden.
Un ejemplo de la mirada tendenciosa sobre los números del proceso de reapertura de los juicios sería el publicado por la página del Poder Judicial, que informa en Enero de este año: “Creció en dos años casi 200% la cantidad de condenados por crímenes de lesa humanidad”. A continuación cita la que es, como decíamos, la fuente más confiable entre los organismos del Estado: “La cifra surge de un informe del Ministerio Público Fiscal. Hasta el 2008 se había sentenciado a 68 personas, mientras que durante el año pasado el número de personas condenadas se elevó a 196” . Además pondera que “el relevamiento advierte que en el transcurso de 2010 concluyeron 19 juicios en los que se juzgó a 119 personas, de las cuales 110 resultaron condenadas (98 condenados nuevos y 12 que ya tenían condenas anteriores) y 9 fueron absueltas”. Pero el mismo día, en la misma página, se informa: “suman siete los juicios previstos para este año”. Inopinadamente, se informa que ese promedio caerá de 19 a 7 juicios por año. Sabemos que el número real de juicios realizados será mayor si lo ponderásemos a fin de este año, pero igualmente el ejemplo muestra que lo que los órganos del Estado destacan se hace en función de una rendición de cuentas, o como parte del juego de la gestión política, no con la rigurosidad investigativa que los temas merecen. En parte, por ello se habla sólo de números y no de procesos.
Si la presidenta dice que hubo 203 condenados ignora que la cantidad de condenas no implica la misma cantidad de personas condenadas. Por ejemplo: Luciano Benjamín Menéndez ya acumula 5 condenas a reclusión perpetua en procesos realizados en Córdoba (Causa Bandalisis, Causa D2 y Causa UP 1) y Tucumán (Causa Vargas Aignasse y Causa Jefatura de Policía). Si no lo desconoce utiliza las cifras para “hacer bulto” frente a un auditorio que sí desconoce estas minucias. Entonces toda una política muestra su verdadero rostro.
Los datos mencionados a continuación son de elaboración propia, trabajo que nos induce a pensar que lo importante no es cuantificar cuánto hizo una gestión de gobierno en abstracto, sino comparar la dimensión real de participación de efectivos de las fuerzas armadas y de seguridad en el Terrorismo de Estado, que supera ampliamente los varios miles, con el último impulso de condena que se viene dando desde 2003.
Tras casi 8 años de caídas las leyes de impunidad gracias a la lucha popular, el Estado argentino sólo efectivizó 42 juicios orales con sentencia en todo el país. En esos 42 juicios estuvieron procesados 202 imputados (algunos represores en varias causas), donde hubo 185 condenas (sobre 167 genocidas) y 16 absoluciones por un universo de 706 víctimas. Esto quiere decir que sólo alrededor del 10 % del total de procesados desde 2003 fue condenado, y en la mayoría de los casos con codenas menores al máximo de la pena. Pero además, si bien hay otros 388 genocidas detenidos en espera de juicio, la mayoría de esos procesados se encuentra en libertad; además de haber 37 represores prófugos de la justicia y 259 que murieron impunes antes de llegar a una sentencia o condenados pero con procesos pendientes. Los últimos dos, represores tan sonados como Cristino Nicolaides, jefe del Ejército durante la cuarta junta militar y por responder en el juicio por el “Plan Sistemático de Apropiación de bebés” y Rubén Visuara, primer jefe del centro clandestino de detención “Automotores Orletti”.
Entonces, comparado con los miles de represores implicados en el Terrorismo de Estado entre el ’76 y el ’83, e incluso, comparado con los cerca de 1.000 procesados en el nuevo impulso, ese 10 % es menos auspicioso que los datos defendidos desde los sectores oficiales.
Hay otros organismos que manejan datos diferentes. Los informes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ponderan el conjunto de personal de las fuerzas armadas, de seguridad y civiles que están o estuvieron involucradas en causas vinculadas con el terrorismo de Estado, esto es, se suma el conjunto de nuevos procesados a partir de la reapertura de las causas con la cantidad de imputados en los procesos de la década del ’80, en las causas 13 y 44. De allí la diferencia entre los datos de este organismo (1.576 imputados) y los del Ministerio Público Fiscal (820 procesados, sin contar condenados, sobreseídos ni fallecidos) que sólo cuantifica en sus informes los nuevos procesamientos. Los datos del CELS, si bien incluyen casos que no son propios de este nuevo impulso de juicios, toman en cuenta los casos de los genocidas denunciados, sobreseídos, prófugos y fallecidos, lo que da una visión más amplia del horizonte de juzgamiento que el Estado nos propone.
En cuanto a las zonas represivas y a las fuerzas que participaron del Terrorismo de Estado, si subdividimos el total de juicios y condenas realizados, la perspectiva es mucho menos desalentar obtenemos que en cuanto al Ejército y las policías provinciales se han hecho:
- 15 juicios en jurisdicción del Comando del Primer Cuerpo con 71 condenas.
- 10 juicios en jurisdicción del Comando del Segundo Cuerpo con 36 condenas.
- 11 juicios en jurisdicción del Comando del Tercer Cuerpo del Ejército con 60 condenas.
Es lógico que las cifras sean mayores en esas jurisdicciones porque concentraron mayor número de centros clandestinos y de efectivos por ser las zonas más pobladas y de mayor actividad organizativa políticamente hablando. Pero si revisamos otras jurisdicciones como la del Comando del Cuarto Cuerpo de Ejército, que incluye 8 partidos del norte bonaerense vemos que el juzgamiento fue nulo. Y en el caso del Comando del Quinto Cuerpo, que abarca a toda la Patagonia , sólo se realizó el juicio que condenó a 8 militares que actuaron en el CCD “ La Escuelita ” de Neuquén.
En cuanto al resto de las fuerzas represivas, sólo se logró condenar a 4 integrantes de la Armada y un civil, en la Causa Alonso de La Plata , por el caso de apropiación de Natalia Suarez Nelson-Corvalán; y la causa de Base Naval de Mar del Plata. Cuatro fueron los integrantes de la Fuerza Aérea condenados a la fecha en las causas Mansión Seré y Área Mar del Plata. Sólo 1 integrante de Gendarmería, Victor Enrique Rei fue condenado en el caso de la apropiación de Alejandro Adrián Fontana-Sandoval
Si revisamos las características de los juicios en cuanto al número de imputados que incluyeron veremos que de los 42 procesos realizados más de la cuarta parte tuvieron un solo imputado en el banquillo, más de la mitad tuvieron entre 1 y 5 imputados, y las tres cuartas partes de ellos entre 1 y 10 imputados. Ese patrón responde a la lógica de juzgamiento sólo de las responsabilidades de los altos jefes del mando militar o policial que funcionaron como responsables en la estructura orgánica de las zonas represivas, pero no contempla a la totalidad de los represores que actuaron en cada CCD ni mucho menos a la totalidad de víctimas que por ellos pasaron.
Si analizamos la característica de las penas, surge que sólo el 45 % de los represores fueron condenados al máximo de la pena. Incluimos allí tanto la prisión como la reclusión perpetua, si bien la reclusión es una pena más severa que la prisión, ya que para la reclusión la escala para la tentativa es más alta, no permite ejecución condicional, no permite la prisión domiciliaria y los plazos para la libertad condicional son mayores. Las aunamos porque en nuestro código penal las diferencias son mínimas y en la práctica tanto los condenados a reclusión como a prisión perpetua pueden obtener el beneficio de la libertad condicional a los 20 años. En efecto, el 20 % de los condenados recibió 25 años de prisión, y el restante 35 % menos de 25 años.
Además hubo 16 polémicas absoluciones, de las que destacamos el caso del genocida Alejandro Duret en la causa por el secuestro y desaparición de Carlos Labolita, absuelto por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, el del represor Miguel Angel Trimarchi, condonado en el juicio por la Masacre de Fátima por el Tribunal Oral Federal Nº 5 de Capital Federal, el caso del torturador de la Policía federal Juan Carlos Falcón, eximido en el juicio parcial del Circuito Club Atlético-El Banco-El Olimpo por el Trinual Oral Federal Nº 2 de Capital Federal, y el reguero de perdones que despachó el TOF Nº 1 de Córdoba sobre 8 imputados de un total de 31 en el proceso por los hechos de la Unidad Penal Nº 1 de esa provincia. Estos casos alertan sobre la necesidad de completar las investigaciones incriminatorias preliminares sobre cada imputado para arribar a la etapa oral sin dar posibilidad a las “dudas” absolutorias.
En general, y siempre comparando lo que se ha hecho con la dimensión histórica real de participación de agentes militares, policiales y civiles en la represión, es necesario un mayor impulso de avance en los procesamientos, así como mayor acumulación de las causas hacia la lógica del CCD o el Circuito represivo, que se logra sólo con un mayor impulso político general del proceso juzgador, que este gobierno no está dispuesto a dar. Por ello, la voluntad de “clausurar esa etapa histórica”, será una efectiva clausura que dejará a miles de familias sin respuesta por tantos años de lucha por Justicia y a una sociedad toda engañada sobre una política de Juicio y Castigo.
Para corroborar los datos desarrollados más arriba y ver más detalles específicos en una planilla de todos y cada uno de los juicios realizados desde 2006 hasta marzo de 2011, su agrupamiento por estructura de mando y algunas cifras totales de este proceso, se puede visitar la página hijosprensa.blogspot.com.
En este sentido, traemos los conceptos vertidos en Agosto de 2010 por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación , Ricardo Lorenzetti, al conducir el acto realizado en el Palacio de Tribunales que presentó la publicación “Delitos de lesa humanidad. Informe sobre la tramitación de juicios”, de la Unidad de Superintendencia para Delitos de Lesa Humanidad. El informe compiló el primer balance del año 2010 sobre la marcha de los juicios a los genocidas, y en la ocasión Lorenzetti aseguró que “la decisión de llevar adelante los juicios de lesa humanidad es una decisión de toda la sociedad. Y no hay marcha atrás, porque es una idea que ha madurado, y no hay nada más poderoso que una idea a la que le llega su tiempo”. Justamente, el paso del tiempo y la maduración de este proceso no pueden ser realmente “justos” con tanta tardanza. Y en ello va también la responsabilidad política de la Corte Suprema , ya que más allá de las 186 condenas en 8 años, si revisamos la cantidad de sentencias firmes en todo el proceso, sólo ocho sentencias fueron confirmadas por la Cámara Nacional de Casación Penal y apenas tres por la Corte Suprema de Justicia, en los casos de Julio Simón, Miguel Etchecolatz y Christian von Wernich.
En diciembre de 2010 los organismos de La Plata recibimos la confirmación de que el próximo juicio a realizarse en la ciudad sería muy particular. El Tribunal Oral Criminal Nº1 resolvió la acumulación de varias causas para ser elevadas a la instancia oral. El producto de esta investigación suma hechos fragmentados de los Centros Clandestinos Comisaría 5ta, Brigada de Investigaciones, Pozo de Arana, Puesto Vasco y Cot 1 de Martínez. El proceso incluirá 23 imputados por cerca de 300 víctimas. Y si bien en La Plata la progresión en la característica de los juicios ha ido mejorando, desde los dos primeros juicios por 1 imputado cada uno a un tercero por 14 imputados, seguimos sosteniendo que eso no es suficiente como respuesta a todas y cada una de las familias afectadas por el Terrorismo de Estado. Sencillamente, comprobamos que no es lo mismo un juicio de causas acumuladas que el reconocimiento investigativo y punitivo pleno de parte del Estado de cuál fue la magnitud del genocidio desplegado desde 1976. A este paso el Circuito Camps jamás será juzgado plenamente.
Hay un último dato que sustenta estas afirmaciones, y es que a este paso hay casi dos genocidas muertos impunes por cada condenado, una valoración no siempre destacada.
La tristeza que los números nos aportan sólo se puede revertir con lucha por:
- CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS. JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS.
- JUICIOS POR CENTRO CLANDESTINO DE DETENCION.
- RESTITUCIÓN DE NUESTROS HERMANOS APROPIADOS.
- JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DEL SECUESTRO Y DESAPARICIÓN DE JORGE JULIO LÓPEZ Y DE LUCIANO ARRUGA.
- BASTA DE AMENAZAS A LOS TESTIGOS EN LOS JUICIOS. JUSTICIA POR SILVIA SUPPO.
- BASTA DE GATILLO FÁCIL. FUERA LA POLICÍA DE NUESTROS BARRIOS.
- BASTA DE REPRESION Y PERSECUSIÓN A LOS QUE LUCHAN. LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS. AMNISTÍA O DESPROCESAMIENTO A LOS LUCHADORES POPULARES.
30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS PRESENTES!!!
¡¡¡AHORA Y SIEMPRE!!!
HIJOS LA PLATA
Juicio y Castigo a los secuestradores de Jorge Julio Lopez!
HIJOS La Plata